Fundador de la Organización Regional Indígena del Quindío, Oriquín; miembro del partido político Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais; consejero indígena en la Corporación Autónoma Regional del Quindío desde hace aproximadamente 23 años.
Ese era Constantino Ramírez, un líder indígena de la comunidad Embera radicado en Calarcá, Quindío, y quien hoy hace parte de la nefasta lista de líderes asesinados en Colombia que día a día crece.
El amor y la protección por su familia, por su comunidad y por el territorio siempre lo caracterizaron. Su lucha estuvo fundada por la articulación de la cosmovisión propia de sus raíces con la mirada occidental, todo con el fin de promover un desarrollo sostenible que respetara la tierra.
Era un comunicador de los conocimientos ancestrales, las tradiciones de las comunidades indígenas.
Fue promotor del plan de vida y las prácticas agropecuarias amigables con el medio ambiente. Permanentemente lideraba proyectos de seguridad alimentaria para sus comunidades.
Pero el pasado 17 de octubre, a las 7:30 de la noche, Constantino se dirigía en motocicleta a su vivienda ubicada en el resguardo indígena Dachi Agore Drua en la vereda Vista Hermosa de Calarcá. En la vía sicarios lo estaban esperando y fue en esta ruta donde lo atacaron con arma de fuego.
Los impactos de bala ocasionaron graves daños en los órganos del líder indígena, acabando con su vida en el lugar.
La comunidad Embera en Colombia exige a la Fiscalía General de la Nación que esclarezca este caso y el de los 115 nativos ultimados en lo que va de 2019, pues aunque muchos de ellos no son líderes sociales, ni el 10% de esos hechos han sido aclarados.
“Hasta un día antes de su muerte, él nunca manifestó que tuviera ningún tipo de amenaza o enemigo”, relataron personas cercanas a Constantino, quienes quedaron atónitas al enterarse de la noticia de su muerte.
“Era de ese tipo de personas que no pensaría uno que tienen enemigos porque él no polarizaba sino que buscaba siempre conciliar”, resaltaron.
Los avances de la investigación judicial
Hoy, la investigación por parte de las autoridades en el caso del líder de Calarcá arroja que podría tratarse de un crimen político.
La Fiscalía adelanta un proceso judicial contra dos hombres, uno de ellos miembro del partido político Mais, por su presunta participación en el homicidio de Constantino como coautores.
Según informaron medios regionales en Quindío, ya se tendría pista de otro implicado, que sería el sicario, y quien se encuentra prófugo de la justicia.
Las cifras de asesinato a líderes, en aumento
Cabe decir que ese mismo día del asesinato de Constantino –el 17 de octubre de 2019- la líder Wayúu Oneida Epiayú fue baleada sobre las 12:00 del mediodía en Riohacha, La Guajira.
En Colombia, desde el 2016, se han presentado cerca de 400 asesinatos a defensores de los derechos humanos, entre ellos abogados, líderes LGBTI, afrodescendientes, políticos, sindicales campesinos e indígenas.
Solo este año, según el último informe de La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, ya se han registrado 52 casos, entre ellos el del líder indígena en el Quindío -el segundo departamento más pequeño del país-.
En el denominado ‘Corazón verde de Colombia’ actualmente hay 19 líderes sociales que están bajo medidas de protección por parte de las autoridades por las amenazas que han recibido. En el país, la cifra de defensores de derechos humanos amenazados asciende a más de 1.350 casos en el primer semestre del año, lo que representa un aumento del 47%.
Y aunque las estadísticas de asesinatos vienen en descenso, las noticias sobre nuevos hechos no se detienen.
El pasado 2 de noviembre se registró la más reciente víctima. El edil de Arabia, corregimiento de Pereira, Risaralda, Luis Eugenio Muñoz, fue ultimado con arma de fuego, cuando, en horas de la noche, una persona ingresó a su tienda ubicada en su vivienda y le disparó en cuatro oportunidades. El agresor escapó.
Los colombianos ya han salido a las calles a exigir que se tomen medidas de fondo y que no haya un solo líder social más asesinado en el país, mientras que el gobierno nacional realiza repetidamente anuncios encaminados a estrategias que buscan que los crímenes que se han cometido no queden impunes e inversiones sociales para frenar la violencia en territorios como el Cauca.